Es un instrumento de cooperación judicial internacional. La Corte Constitucional ha señalado que “La extradición es un mecanismo de colaboración entre los estados para combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad”. Su aplicación se rige en primer término, por lo que dispongan a este respecto los tratados públicos, como lo señala el artículo 35 de la Constitución Política, y sólo en su defecto viene a ser aplicada la ley interna.